En el pasado mes de septiembre se materializó la segunda fase de la promoción interna del personal laboral de Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se trata de la primera gran promoción después de 16 años de Convenio Colectivo, y dicho sea de paso, un proceso no exento de sacrificio por parte del personal laboral fijo previo a la firma del derogado Plan de Empleo del año 1997, que ha aplazado o recortado sus expectativas de promoción en favor de los que, como muchos de nosotros, fijamos la plaza en el año 2002 o bien conseguimos extraer del proceso las plazas en situación interina.
En dicha promoción, destinada al personal laboral fijo previo al proceso de fijeza contemplado en el mencionado plan, participaron un total de 836 trabajadoras y trabajadores, de los cuales 589 obtuvieron plaza y de estos 17 accedieron a algún puesto en nuestra Consejería
Ilegal e incomprensiblemente, contra el Convenio y contra toda lógica razonable, en las tomas de posesión del personal promocionado, la Dirección General de Función Pública implantó unilateralmente el criterio de realizar nuevos contratos indefinidos y de someterlo a un período de prueba (variable según categorías), considerando de nuevo ingreso a personal fijo en algunos casos con más de 25 años de antigüedad, todo ello con la oposición unánime y rotunda de todas las organizaciones sindicales. Este proceso ha supuesto la interposición de una avalancha de reclamaciones personales y la más que probable interposición de un conflicto colectivo.
La implantación de este período de prueba supone en la práctica, que el trabajador o la trabajadora se encuentra a expensas de un informe de evaluación de su inmediato superior jerárquico, y que de no superarlo, se quedaría en situación de excedencia en expectativa de reubicación en un puesto de categoría similar al que tenía antes de la promoción. A nuestro parecer, los objetivos que se persiguen con la instauración de este sistema son oscuros e impredecibles, pues sin duda se pretende con esta situación, sentar un precedente para futuros recortes de derechos y situaciones de abuso en las plantillas, en los procesos de promoción interna, concursos de traslado y estabilización del personal laboral y funcionarial.
Teniendo en cuenta que este precedente afecta a todos los trabajadores de la Comunidad Autónoma, hasta la fecha, el número de personas con un informe negativo afectadas por esta particular circunstancia es mínimo. La gran mayoría de las secretarías generales técnicas y servicios responsables de personal de las Consejerías han sido sensibles con los trabajadores, que habiendo promocionado escrupulosamente conforme a las bases de la promoción, por razones ajenas a ellos no encajaban en las necesidades de cada departamento. En esos casos las soluciones han sido variadas, desde la reubicación a un puesto de similar categoría, hasta la formación específica en el puesto de destino.
Pues bien, como siempre, la pequeña Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, se hace notar en materia de personal. De los cuatro casos conocidos (hasta el momento) de “no superación del período de prueba”, tres se han producido en nuestra Consejería.
De todos es conocido que gran parte de las plazas que aportó esta Consejería a la promoción interna, residen en el Servicio de Informática, que en Las Palmas de Gran Canaria aportaba la totalidad de sus efectivos (Jefe de Informática, Analista y 3 Operadores) más un Operador en Santa Cruz de Tenerife, renovándose casi al completo. El inadecuado diseño por la Secretaría de estos perfiles en la Relación de Puestos de Trabajo, que desde su creación en el año 2002 carecen de especialidad y méritos preferentes, así como la ineficacia de Función Pública en definir las categorías profesionales del Convenio, posibilitaron, conforme a las bases de la promoción, el acceso legítimo a estos puestos sin más requerimientos que el grado académico equivalente al grupo retributivo. Lo cual por otro lado, fue éste uno de los requisitos exigidos en la provisión de las plazas de operadores en la convocatoria del año 2005.
Los responsables de esta Consejería, con absoluta premeditación y sin ninguna voluntad por buscar una solución más razonable para los trabajadores afectados, han procedido a esperar la culminación de los períodos de prueba para informar negativamente a Función Pública, a fin que resuelva la rescisión de los contratos. En estos últimos días hemos podido acceder a documentación que nos permite ratificar tal afirmación. Desde el día 19 de septiembre (dos semanas después de las incorporaciones) el Secretario General Técnico, Pedro Gómez Jiménez, a propuesta del Servicio de Personal, María del Pino Cabrera Pérez, instó al Jefe de Informática a la evaluación de estos trabajadores, el cual también se incorporó por promoción interna y se encuentra igualmente afectado por el período de prueba.
Tanto en agosto como en septiembre, el propio Secretario General rechazó, sin argumentos, todas las propuestas realizadas por este Comité que podían posibilitar una transición de los trabajadores a los puestos promocionados, forzando con su decisión el deterioro del Servicio de Informática, a sabiendas que para otros menesteres se están subcontratando a empresas externas (página web, mantenimiento de MAyTE, la gestión de proyectos y lo que está por venir).
Aún en el caso de que las evaluaciones negativas de estos ilegales períodos de prueba respondieran a razones “objetivas”, por mucho que les digan lo contrario, el Secretario General Técnico y la Jefa de Servicio de Personal han actuado de una manera calculadora, indiferente e inhumana con estos trabajadores. Hasta los “burofaxes de despido” se los han encontrado en las mesas de sus puestos de trabajo, sin mediar una sola explicación. Y por mucho que les digan, tampoco se han preocupado por facilitar la incorporación de estos trabajadores en otros Departamentos, encontrándose actualmente en excedencia; es decir, en casita, de brazos cruzados y sin ingreso alguno.
Este es un episodio más de la política caribeña en materia de personal, que venimos sufriendo desde hace muchos años en esta Consejería. Donde no hay dinero para los recursos más perentorios, pero sí para la dotación de 800.000 euros anuales destinados a la creación de nuevos cargos de confianza y jefaturas. Donde no se puede buscar una solución temporal hasta la normalización de un servicio, pero sí se puede contratar mediante colaboraciones sociales o mediante pago de facturas a autónomos. En definitiva, donde a un grupo 3 se le exige cumplir desde el primer día como el más experimentado de los operadores, mientras que por otro lado se nombran injustamente y a sabiendas a funcionarios sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello (véase el artículo 405 del vigente Código Penal).
Este Comité de Empresa no va a permitir este tipo de atropellos que atentan a la dignidad y a los derechos de los trabajadores. Pero también somos conscientes que para ello necesitamos el apoyo inequívoco del colectivo, que esperaremos recabar en breve. Cada paso que dejemos de dar solidariamente hacia delante, es un paso dado hacia atrás en la consolidación de nuestros propios derechos y libertades.
