Como bien saben, llevamos tiempo haciendo seguimiento a este Proyecto de Ley, por cuanto podría implicar cambios en la distribución de las competencias medioambientales y territoriales, afectando a las funciones y organización de la plantilla.
En este sentido, los miembros de este Comité de Empresa hemos invertido un buen número de horas, nos hemos posicionado públicamente (artículos de opinión, notas de prensa), promovimos igualmente que Intersindical Canaria se posicionara al respecto y pusiera su sello a un análisis técnico del Proyecto de Ley, que deben conocer pues lo remitimos por correo electrónico (volvemos a adjuntarlo). Bajo el paraguas de la organización sindical, entablamos conversaciones con los ponentes de los grupos parlamentarios (a excepción del grupo popular que rehusó recibirnos), con el objeto de aportarles dicho análisis y transmitirles con argumentos nuestra preocupación por un texto legal que adolece de innumerables e importantes errores técnicos y jurídicos, que plantea cambios competenciales o mantiene un nivel medido de ambigüedad, que carece en todo caso del análisis técnico de los servicios competentes del Gobierno y que, en definitiva, desestructura y complica las materias que pretende armonizar y simplificar.
El pasado 19 de noviembre, el Boletín Oficial del Parlamento publicó las enmiendas propuestas por los grupos parlamentarios al articulado del Proyecto de Ley. Y estas son nuestras observaciones y conclusiones:
1. Todos los grupos parlamentarios presentan enmiendas, con la particularidad que los grupos parlamentarios de CC y PSOE las realizan conjuntamente. Es decir, las llevan ya pactadas y listas para aprobar.
2. A nivel general se presentan un buen número de enmiendas (128), que pese a los argumentos técnicos, informes preceptivos y alegaciones, lejos de corregir errores, rectificar “tendencias” y clarificar el texto, vienen a consolidar lo previsto y más.
3. De lo ya conocido, el grupo CC-PSOE mantiene la dualidad pública-privada en la evaluación de impacto ambiental, la incoherencia en la distribución de la titularidad de buena parte de las competencias ambientales y una importante batería de contradicciones que impregna todo el texto de inseguridad jurídica, para los beneficiarios de la futura ley y para aquellos que tengan que aplicarla. De lo nuevo, cabe destacar el traslado a los Cabildos de las competencias para la ordenación de los Espacios Natural es Protegidos y de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, cambios en el sistema de planeamiento y en el régimen de usos del suelo rústico, la desagregación de la COTMAC en secciones insulares, habilitación de mecanismos para reubicar titulares y edificaciones afectadas por la ley de costas en nuevos suelos urbanos, así como modificaciones del régimen sancionador y el marco competencial de la APMUN. En definitiva, se plantean in extremis modificaciones de calado competencial y otras de tipo técnico, sorteando la participación pública en fase de anteproyecto.
Por nuestra parte, seguiremos aprovechando cualquier oportunidad para denunciar este despropósito. Recomendamos que quienes vean este asunto de la misma manera, hagan lo propio y trasladen éstas u otras anotaciones de su consideración a sus respectivos colectivos profesionales o sociales, con la finalidad de motivar posicionamientos.
Análisis de Intersindical Canaria del PL de Armonización
Enmiendas en el BOP 19-11-2014
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